Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

Auditorio de La Audiencia

Después de la Audiencia Pública sobre la crisis humanitaria en los llanos orientales, realizada el 22 de julio del presente año en el municipio de La Macarena (Meta), en la que participaron más de 800 campesinos del Meta y el Caquetá, con el acompañamiento de una nutrida delegación internacional y de numerosas ONG de derechos humanos, la situación no da muestras de mejorar en esa región del país.

El 25 de julio el entonces Presidente Uribe, en una visita a La Macarena aseguró que las denuncias hechas en la Audiencia eran “calumnias contra el Ejército de la Patria” y trató de “terroristas” a los organizadores y participantes del evento.

El 27 de julio, unidades de la Brigada Móvil No. 12 dispararon contra dos niños que se encontraban cazando en la vereda La Siberia (Vistahermosa), mataron a Oscar Inocencio Oviedo Rojas y dejaron gravemente herido al otro.

El 11 de agosto, en Puerto Rico, uno de los municipios supuestamente consolidados por “la seguridad democrática”, los paramilitares perseguían a cuatro personas y como no pudieron darles alcance asesinaron a la niña Gina Paola Ramírez Moreno, de 15 años de edad.

El 13 de agosto apareció asesinada en la vereda La Unión del municipio de La Macarena la defensora de derechos humanos Norma Irene Pérez, quien había participado en la Audiencia y había sido desaparecida desde el 7 de agosto.

En la vereda La Cooperativa del municipio de Vistahermosa, la guerrilla atacó al Ejército que se encontraba en el casco urbano y resultó herido un transportador, pero el Ejército no permitió la entrada de una ambulancia, por lo que fue necesario que interviniera el Personero del municipio para sacarlo y buscarle atención médica, gracias a la cual se logró salvarle la vida.

Este hecho pone de manifiesto la urgencia de atender una de las principales demandas de la población, que es el retiro de las instalaciones militares de los cascos urbanos para que los civiles no resulten convertidos en escudos humanos de los actores armados.

La anterior enumeración de hechos criminales contra la población civil pone de manifiesto, una vez más, la dramática realidad que viven los habitantes de los llanos orientales de Colombia y exige del gobierno, de la justicia y de los organismos de control adoptar medidas para que se le ponga término a la reiterada violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2010