ASAMBLEAPLATAALIANZA

Bogotá, 26 de junio de 2009

Doctor
FABIO VALENCIA COSSIO
MINISTRO DEL INTERIOR Y DE GOBIERNO
E. S. M.
Señor Ministro:

Desde el 10 de noviembre de 2008, las Plataformas de Derechos Humanos y Paz y Sectores Sociales hemos estado comprometidas en un proceso de interlocución con el Gobierno Nacional con miras a generar las garantías necesarias para la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y para el desarrollo de las legítimas actividades de las organizaciones y movimientos sociales.

En el marco de esta interlocución, el 30 de Abril de 2009, se instaló la Mesa Nacional de Garantías y se acordó la agenda para la realización de audiencias en catorce (14) regiones del país, se definieron los procedimientos para la conformación de las Mesas Regionales de Garantías y para el seguimiento desde la Mesa Nacional de Garantías. Lamentablemente después de estos avances positivos se han sucedido una serie de hechos de extrema gravedad.

Debemos señalar que resulta sorprendente, por llamarlo de manera benigna, que tras meses de diálogos sobre la urgencia de adoptar garantías efectivas para el desarrollo de las actividades de defensoras y defensores de derechos humanos las situaciones de riesgo, las amenazas y los ataques contra las organizaciones de derechos humanos y sus integrantes se hayan incrementado, especialmente a partir del momento en el cual se acordó la metodología para abordar el tema de las garantías en las audiencias regionales y en la Mesa Nacional. Sin pretender agotar la enumeración de los nuevos hechos que ponen en riesgo el trabajo, la vida y la libertad de las defensoras y defensores de derechos humanos, baste señalar entre otros hechos las reiteradas declaraciones presidenciales hostiles y descalificatorias de la labor de defensa de los derechos humanos; los robos sistemáticos de información; las amenazas; los asesinatos selectivos de varios defensoras y defensoras de derechos humanos y líderes sociales.

Mención especial ameritan las actividades de seguimiento y espionaje que por fortuna han comenzado a ser ventiladas públicamente. En particular:

1. Los Seguimientos e interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos. Se ha revelado que magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las ONG de derechos humanos y sus miembros somos objeto de espionaje, por parte del DAS; la existencia de varios A-Z contra organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Garantías, y que se ha llegado hasta el extremo de realizar seguimientos a los hijos menores de edad de defensores y defensoras de derechos humanos que hacen parte de nuestras instituciones. Por lo menos tres (3) de nuestros cinco (5) delegados/as a la Mesa Nacional de Garantías están siendo víctimas de estos procedimientos persecutorios.

2. La elaboración y almacenamiento ilegal de informes de inteligencia y trato de enemigo a los defensores y defensoras de derechos humanos, como por ejemplo un informe de inteligencia del RIME del Ejército que vincula a 97 personas integrantes de amplios sectores de la dirigencia social y de derechos humanos de Caquetá con la Red de Apoyo del Frente Amazónico de las FARC en el ese Departamento. Resulta altamente preocupante conocer que la información ilegalmente obtenida y consignada en dichos informes de inteligencia esté siendo utilizada para estructurar procesos judiciales en contra de miembros de nuestras organizaciones o, peor aún, que haya sido almacenada y mantenida en secreto para utilizarla con objetivos diversos, como la entrega de esta información a jefes paramilitares. Estas informaciones al parecer han sido utilizadas para inducir el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas, como se conoció recientemente que había sucedido en el caso del profesor Alfredo Correa D’Andreis y otros líderes sociales.

3. Apertura de investigaciones judiciales con base en informes de inteligencia por parte de Fiscales destacados ante guarniciones militares. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destacados ante guarniciones militares y entidades de seguridad, están avalando informes elaborados por los servicios secretos de las unidades militares para los cuales trabajan. En el Departamento de Antioquia específicamente, con base en informes de inteligencia, elaborados por la Regional de Inteligencia Militar n°.7 del Ejército, la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército, reabrió el pasado 3 de abril un proceso penal al que vincula a varios integrantes de por lo menos 12 ONG de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, proceso en el cual han comenzado ya las primeras detenciones. El 10 de junio el defensor de derechos humanos WINSTON GALLEGO PAMPLONA, miembro de la Fundación Sumapaz, fue detenido después de haber acudido voluntariamente a la diligencia de indagatoria, que él mismo solicitó, y muchos otros posiblemente correrán con igual suerte.

4. Montajes por medio de testigos pagados, desmovilizados a la caza de beneficios jurídicos o testigos remunerados al servicio de las brigadas militares. Las actuaciones en contra de la ley de algunas “Fiscalías de Guarnición”, sometidas a los mandos de la inteligencia militar, han sido también denunciadas recientemente. Esta modalidad que combina informes de inteligencia y actuaciones al margen de la ley está incidiendo en los enjuiciamientos de líderes de organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos de manera reiterada en diferentes departamentos como Nariño, Arauca, Antioquia y Sucre.

5. Presiones a la justicia por parte de los organismos de inteligencia para que decidan en contra de los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Los montajes y acusaciones sin fundamento, conocidas recientemente, han llegado a producir condenas injustas en los últimos meses. Estos casos se han presentado específicamente sobre funcionarios judiciales a cargo de procesos contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en Arauca, en el cual están involucrados autoridades del DAS al más alto nivel.

Todos estos hechos ponen de manifiesto una política de criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos para colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad. Son estos los elementos que nos mueven, señor Ministro, a solicitarle la convocatoria, con carácter urgente, de una Sesión Extraordinaria de la Mesa Nacional de Garantías para la defensa de los derechos humanos con el objeto de poder analizar y abordar de manera eficaz las situaciones mencionadas.

Atentamente,

Aura Rodríguez Agustín Jiménez                   
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo

Agustín Jiménez
Coordinación Colombia– Europa – Estados

Jaime Zuluaga
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

Camilo Borrero
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

Padre Emigdio Cuesta Pino
Represente de los Sectores Sociales

Guillermo Cardona
Representante de los Sectores Sociales