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EL LADRÓN GRITA COJAN AL LADRÓN

Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República por el PDA

El 13 de mayo, en horas de la mañana, la emisora FM reveló algunas grabaciones enviadas por personas que se presentaron como ex investigadores del DAS, que prueban las interceptaciones telefónicas hechas por ese organismo de inteligencia en la campaña presidencial del año 2.006 a los dirigentes del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, candidato presidencial, y Antonio Navarro, actual gobernador del Departamento de Nariño. Así mismo, se dio a conocer una lista de personas cuyos teléfonos también estaban interceptados, la gran mayoría de ellos integrantes de la oposición al gobierno.

Ante la gravedad de las revelaciones, el gobierno se apresuró a ofrecer una recompensa de 200 millones de pesos a quienes entreguen información que conduzca a identificar a los autores de las interceptaciones. Se trata, como en otras ocasiones, de un acto de cinismo verdaderamente increíble, con el que el gobierno pretende aparecer como inocente de los hechos.

Acaso será necesario recordar que el DAS es un organismo de inteligencia que depende directamente del Presidente de la República, y que desde hace varios años es un foco de corrupción y actuaciones criminales? Acaso a estos hechos vergonzosos no hay que agregarles la “parapolítica”, la “Yidispolítica”, los “falsos positivos”, las relaciones de la “Casa de Nari” con la mafia y un largo etcétera, que indican, cada vez con mayo evidencia, que en Colombia hay funcionarios del gobierno que actúan al margen de la ley?

Si de veras están interesados en encontrar a los responsables de estos execrables procederes, lo que deben hacer es buscarlos en donde todos los indicios señalan que están –o estaban-, es decir, en la propia sede presidencial.

En vista de que los ex investigadores del DAS ha denunciado que reservan sus identidades porque “temen por sus vidas”, urgimos a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para poner a salvo de cualquier riesgo a quienes pueden ser elementos valiosos para establecer la verdad de lo ocurrido y castigar a los verdaderos responsables.

Por lo demás, este hecho es una nueva demostración de que en Colombia se ha montado un tenebroso régimen policíaco dedicado a hacerles seguimientos de todo tipo y a perseguir a magistrados, dirigentes de oposición, periodistas independientes y a todo el que arbitrariamente pueda ser considerado como enemigo del gobierno o como amenaza para la seguridad del Estado, y la realidad evidente es que en Colombia las libertades públicas están bajo una grave amenaza que no podrá ser ocultada con la conocida coartada del ladrón que grita cojan al ladrón.

Por todas estas razones, respaldamos las peticiones de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República de que haga “un pronunciamiento directo y concreto sobre el alcance de este tipo de denuncias, así como de las garantías para que estos hechos no se repitan” y que fije fecha para que se haga presente en Colombia el Relator de la ONU para la Independencia de la Justicia, lo mismo que la exigencia a la Fiscalía General de la Nación de que adopte “medidas inmediatas para preservar la integridad de los testigos”.

Esperamos, además, que las investigaciones anunciadas por la Procuraduría General de la Nación contra Bernardo Moreno, Secretario General, César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa, y Jorge Mario Eastman, Asesor de Comunicaciones de la Casa de Nariño, produzcan resultados prontos y esclarecedores.

Bogotá, D.C., 19 de mayo de 2009