Archivo del 7 de Marzo de 2008
7 de Marzo de 2008 | Autor: Admin
Es cierto que el Gobierno Nacional tiene el derecho de perseguir a los grupos armados al margen de la ley, deber constitucional al que, dicho sea de paso, también debería darle aplicación en el caso de los paramilitares. Sin embargo, en el ejercicio de ese derecho y deber constitucional, el Gobierno Nacional no puede desconocer el principio de soberanía nacional trasgrediendo las fronteras de los países vecinos con la increíble excusa de una aparente confrontación que de acuerdo a las mismas declaraciones iniciales del Gobierno jamás ocurrieron. El principio de soberanía nacional y de la inviolabilidad del territorio no se puede poner en discusión bajo ningún pretexto, mucho menos, cuando el que ha sido invocado se erige de manera confusa y equívoca. No es posible creerle al Gobierno Nacional cuando sostiene que el operativo que terminó con la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano fue el producto de un enfrentamiento previo. Es necesario destacar que el operativo fue cuidadosamente diseñado, calculado y planeado, tal y como el mismo Gobierno Nacional se lo contó al mundo la mañana del sábado, lo que necesariamente indica que el Gobierno en todo momento era perfectamente consciente de la intrusión en territorio ecuatoriano y lo que el mismo implicaba. Es decir, la fuerza pública de Colombia entró deliberada y arbitrariamente en territorio ecuatoriano sin pedir permiso al Gobierno de ese país. Un estado legítimo no puede escudarse bajo el argumento de que los grupos armados ilegales han hecho cosas peores, pues al Estado le corresponde un deber ético, moral y jurídico de regirse por las normas internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es necesario guardar la mesura, pues el Gobierno Colombiano está acudiendo al típico discurso guerrerista, exaltando los ánimos nacionalistas con el fin de legitimar la vulneración de la soberanía ecuatoriana, comprometiendo al pueblo colombiano, a obreros, campesinos y soldados rasos en un posible conflicto bélico en el que el pueblo colombiano no quiere entrar. El Gobierno Nacional no ha calculado los riesgos económicos que su actuación implica. Colombia, tan sólo en textiles, deja de vender 700 millones de dólares al año si rompe relaciones comerciales con Ecuador y Venezuela. La semana anterior ya se anunciaron 275 despidos en la industria automotriz como consecuencia de la ruptura comercial con Venezuela, los que seguramente aumentarán por el conflicto con Ecuador. Colombia no puede sumergirse en el aislamiento absoluto. Si el Gobierno Nacional pretende romper relaciones comerciales con nuestros vecinos, debe ser consciente y honesto, advirtiéndole al país las consecuencias y los riesgos que semejante medida implica. No podemos permitir que el Gobierno siga engañando al país con el falso argumento de que no se pierde mucho si rompemos relaciones con Venezuela o Ecuador, ni tampoco podemos aceptar el mezquino e insolidario argumento según el cual ellos pierden más. La economía colombiana pierde y pierde mucho, y las crisis económicas de nuestros vecinos tarde o temprano nos terminarán afectando. ¿Denunciar ante la Corte Penal Internacional a Venezuela? Nuevamente debemos pedirle al Gobierno Nacional que no engañe al país. Según el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, para poder acudir a la jurisdicción de ese organismo, debe agotarse previamente el procedimiento interno, o demostrar que el procedimiento no será efectivo para garantizar la justiciabilidad de los derechos vulnerados. No podemos aceptar el argumento de la supuesta unidad de cuerpo. No podemos obrar con la obtusa visión militarista de la “unidad de cuerpo” que sólo llaman a la ceguera colectiva y a la exaltación de falsos nacionalismos. Lo cierto es que el Gobierno Nacional ha cometido errores, y esos errores ponen en riesgo la seguridad del pueblo colombiano invocando histerias colectivas que pueden llevar a una guerra en la región. Invitamos a fortalecer la lucha por el Acuerdo Humanitario, así como a participar en la marcha del 6 de marzo, como mecanismo legítimo de participación y protesta en contra de la violencia que azota al país. Atentamente, GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Tras la veloz sucesión de hechos ocurridos en los últimos días, es necesario, más que nunca, insistir en una salida política antes que en una confrontación armada, especialmente porque ésta ya está amenazando con convertirse en un conflicto internacional. La esquizofrénica respuesta a la que nos invita el Gobierno Nacional no puede encontrarse por encima de la racionalidad política, la diplomacia y el uso de los mecanismos democráticos para resolver la crisis.
Senadora de la República
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7 de Marzo de 2008 | Autor: Admin
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA
Este ocho de marzo, en los más disímiles lugares del mundo las mujeres se movilizarán para celebrar sus triunfos, para homenajear a sus figuras más prominentes, para levantar sus principales banderas de lucha y para expresar la solidaridad no sólo con las causas propias, sino con las causas de todos los oprimidos, discriminados y explotados. Cómo no tener presente, por ejemplo, la situación de las mujeres iraquíes o afganas, que sufren al lado de sus pueblos la invasión extranjera encabezada por los imperialistas norteamericanos, o la situación de las mujeres palestinas, víctimas del más brutal desenfreno israelí? Cómo no recordar la heroica lucha de las Madres de la Plaza de Mayo, en demanda de justicia?
En nuestro país, duramente golpeado por un conflicto interno cuya existencia el gobierno se niega a reconocer, las mujeres conforman el grueso de los desplazados y hay miles de viudas y huérfanos que se debaten en las más precarias condiciones, mientras el gobierno le otorga toda clase de gabelas al paramilitarismo supuestamente desmovilizado y consagra la más afrentosa impunidad a los autores de crímenes atroces, mediante la llamada Ley de Justicia y Paz. Numerosos parlamentarios y dirigentes políticos del uribismo han sido llamados por la justicia, otros están en la cárcel y algunos ya han sido condenados por su participación en la “parapolítica”, pero estos hechos no impiden que su jefe siga presentándose como un demócrata incorruptible digno de volver a ser reelegido.
El desastre social provocado por el neoliberalismo ha afectado con especial dureza a las mujeres. Ellas son las más castigadas por el desempleo, el subempleo y la informalidad. Ellas son las que cargan con el mayor peso de la pobreza y la miseria. Para ellas son las peores condiciones de trabajo, no sólo en materia salarial, sino en garantías laborales, como lo demuestran casos como el de las madres comunitarias o el de las trabajadoras de las flores.
El ocho de marzo debemos enarbolar, entonces, nuestras banderas de lucha contra todas las formas de discriminación de género y por la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres; contra las distintas expresiones de violencia hacia la mujer y por el pleno respeto a los derechos humanos; por la libre opción a la maternidad y la consideración de esta como una responsabilidad social que debe ser adecuadamente protegida; por la atención especial a las madres cabeza de familia, a las viudas y a las desplazadas, teniendo siempre presente que sólo en la medida en que mejore la situación de la mujer podremos construir una sociedad mejor.
En las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país, es imperativo que también levantemos nuestra voz y nuestra acción contra política guerrerista de “seguridad democrática” y por el acuerdo humanitario y la solución negociada del conflicto que nos conduzcan a la paz con justicia social; contra el Plan Colombia, el Plan Patriota, el TLC y las demás formas de dominación imperialista y por el pleno respeto a nuestra soberanía nacional; porque haya verdad y justicia para que se conozcan los hechos criminarles y sus autores y se les castigue ejemplarmente; porque se repare justamente a las víctimas de los crímenes contra nuestro pueblo y se garantice la no repetición de tales hechos; porque se respeten los derechos humanos y las libertades públicas y porque las mujeres se conviertan en una fuerza decisiva en la consolidación y fortalecimiento del PDA para erigirlo como la alternativa política que necesita nuestro país.
Llamamos a las FARC a poner en libertad a Ingrid Betancourt y a los demás secuestrados, como una nueva demostración de voluntad hacia el acuerdo humanitario y demandamos que, en medio del ambiente guerrerista que nos invade, se respete la soberanía de los países vecinos y se opte por las vías diplomáticas en vez de escalar los agravios y recriminaciones que pueden conducirnos a una situación indeseable de confrontación en la que las mujeres seríamos, como siempre, las más afectadas.
En el Día Internacional de la Mujer les hacemos llegar a todas las compañeras nuestra felicitación más calurosa y nuestro abrazo fraternal y solidario.
