Senadora | Gloria Inés Ramírez Ríos

Resulta bastante preocupante la situación por la que ha venido atravesando la salud pública en el país durante los últimos años. Sin embargo, hoy por hoy, las recientes acciones del Gobierno dejan un panorama absolutamente desolador al atentar insistente y sistemáticamente contra la salud pública de los colombianos, sobre todo, la población trabajadora y los menos favorecidos.
El desalojo por la fuerza, sin previo aviso y a altas horas de la noche (mostrando lo ilegítimo de la medida) de las clínicas de la ESE Rita Arango en el Eje Cafetero este fin de semana, es únicamente la aplicación de un “libreto ya leído” y que había sido utilizado antes por el Gobierno cuando hace pocos meses, también de manera arbitraria y en las mismas circunstancias, intervino la ESE Policarpa Salavarrieta que brindaba atención a las ciudades de Villavicencio, Ibagué, Tunja, Duitama, Sogamoso y Neiva.

Los hechos, desde luego, repudiables y que merecen un total rechazo por parte de cualquier demócrata, en todo caso no deben extrañar. Es la actitud que desde hace varios años los Gobiernos neoliberales (aunque con mayor ahínco el uribista) han venido utilizando de manera absurda y apresurada para liquidar a cualquier costo al Instituto de los Seguros Sociales, con el fin de entregarle el sector salud incondicionalmente al capital privado especulativo.

Esta medida, así como los cierres de la ESE José Prudencio Padilla en el 2006 y los que el Ministro anuncia para el futuro con la excusa de “mejorar el servicio, siguen demostrando que la escisión del ISS en varias ESE´S, implementada desde el primer mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez como una supuesta solución para hacer viable administrativa y financieramente la Institución, no era y no es adecuada; por el contrario, ha profundizado la situación de crisis por la que atraviesa el Seguro, acelerando su liquidación y facilitando su desmonte para propiciar su privatización.

Lo más grave del asunto es que, sólo con está liquidación, se deja a más de 1.000 familias desempleadas, sin contar con los miles de ciudadanos a quienes, una vez más, se les mina sus posibilidades de acceder a la prestación de los servicios de salud, quienes se sumarán a los cientos de trabajadores y los miles de usuarios afectados con el plan privatizador. Mientras tanto y por otro lado, el Gobierno Uribe sigue empeñado en seguir entregando la salud a los Grupos Financieros, como es de conocimiento público, cercanos a Palacio y quienes prácticamente le han hablado al oído al Ministro de “Desprotección Social” para que se adelanten este tipo de medidas pensando más en la rentabilidad del negocio que en garantizar plenamente el derecho constitucional a la salud.

Por ello, y como ha sido siempre la posición del Polo Democrático Alternativo en las anteriores ocasiones, continuaremos rechazando enérgicamente estas lamentables – aunque no sorpresivas – situaciones y levantaremos una denuncia pública ante toda la Nación para que cesen estos abusos, exigiéndole al Gobierno Nacional la rectificación de este anti-social proceder.
Bogotá, D.C., febrero 26 de 2008

Seguimos observando con preocupación los hechos registrados recientemente en relación con el “Caso Carimagüa” y en el cual el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, ha pretendido despojar de 17 mil hectáreas de tierra que pertenecen en justicia a campesinos desplazados.

Las razones que han venido aduciendo el Gobierno y, sobre todo, el Ministro de Agricultura brillan por su procacidad pues como ha sido denunciado debidamente por el Polo Democrático Alternativo, las tierras prácticamente se regalarían a un grupo de empresarios en vista de que se tenía proyectado arrendarlas a solamente 14.700 pesos anuales por hectárea por un período de diez años y luego a $117.600 pesos anuales por hectárea durante cuarenta años más, costos que son ciertamente risibles y que rayan con la verosimilitud que alude el MinAgricultura con eso de “grandes inversiones”.

Sin embargo, hay que llamar la atención que lo de Carimagüa simplemente es la punta del iceberg dentro de un gran plan de colonización, denominado megaproyecto “Recuperación de la Alta Orinoquía” y con el cual, como Alfredo Molano lo ha detallado, se busca seguir el mismo libreto de Carimagüa: entregar a ciertos grupos empresariales vinculados a intereses transnacionales, más de 6.5 millones de hectáreas entre los ríos Orinoco, Meta, Vichada y Manacacías, en donde actualmente viven media centena de resguardos indígenas y centenares de campesinos.

La convocatoria propiciada por el Ministerio de Agricultura para acercar un “concepto técnico” sobre Carimagüa no resuelve en nada la controversia y, por el contrario, muestra su obstinación para que procesos como éste se lleven a cabo en los términos definidos arbitrariamente por el Gobierno.

La decisión de seguir con este proceso es tan grave como irresponsable pues, sin la menor vergüenza, el Gobierno hace oídos sordos a las delicadas denuncias elevadas por la Procuraduría de la Nación, sin contar que decisiones gubernamentales como ésta siguen profundizando las cada vez más insoportables desigualdades sociales en el país.

En el Polo Democrático Alternativo estaremos muy atentos para impedir que se sigan cometiendo este tipo de atropellos y le exigimos al Gobierno Nacional y a su Ministro de Agricultura que abandonen definitivamente esta decisión, tan desafortunada como desproporcionada para avanzar en la justicia social, presupuesto de una paz auténtica para el país.